Enseñanza concertada

En un centro público la Administración paga por estudiante 6.900 euros al año; en uno de la concertada, 2.900. “El derecho de elección de las familias es irrebatible” y “ahogar la enseñanza concertada sería ahogar el estado democrático de derecho”, advierten las Escuelas Católicas ante las críticas

La escuela concertada le ahorra al Estado más de la mitad de lo que cuesta una plaza en la pública
Se está haciendo mucha demagogia con un asunto tan delicado como este. Es muy fácil enfadar a la sociedad haciendo creer que los colegios concertados cobramos por partida doble: del Estado y de los padres”, cuando la realidad es que un alumno de la escuela concertada le cuesta a la Administración menos de la mitad que no de la pública.
Quien así se expresa es José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas y portavoz de la Plataforma Concertados, que engloba a Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA, quien añade que “si se piden aportaciones voluntarias a los padres es porque con el módulo de concierto no se cubren todos los gastos que los centros educativos tienen”.
La polémica sobre la necesidad, o no, de mantener las escuelas concertadas viene de lejos, pero es más bien ideológica que económica, porque “desde un punto de vista puramente económico la escuela concertada es el modelo más rentable para el erario público, de ahí que no entendamos el ataque que estamos recibiendo, si no es por una cuestión ideológica”, advierte Alvira.
Otra muestra de que se trata de una cuestión ideológica es el hecho de que nueve de cada diez padres españoles consideran que el Estado debe “financiar a las familias la opción de que sus hijos estudien en un colegio concertado”, como informábamos el pasado viernes, 10 de junio, en base al estudio ‘Demandas Educativas de los Padres en España’ de Escuelas Católicas realizado por el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas.
“La escuela concertada es el modelo más rentable para el erario público”

El Estado se ahorra más de la mitad

Ateniéndonos a la cuestión económica, el coste total por alumno en los centros públicos es de media 6.940 euros, coste que la administración pública financia en su totalidad, según el informe anual “Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015” del Ministerio de Educación.
Sin embargo, en el caso de un centro concertado, la Administración aporta menos de la mitad de esa cifra, quedándose por debajo de 2.900 euros. Por eso, “cuando nos acusan de detraer dinero a la escuela pública, nos vemos obligados a explicar la manipulación que hay detrás de esta afirmación”.
En ese sentido, la Plataforma Concertados ha lanzado un vídeo para explicar la realidad de la financiación de este modelo educativo y aclarar lo que considera una falta a la verdad.


En cualquier caso, Alvira aclara que “la existencia de la concertada no se justifica desde el punto de vista de la rentabilidad sino de la libertad y de la pluralidad”, es por ello que “nos preocupa que se intente asfixiar la libertad de elección de la ciudadanía con falsos argumentos y que con ello la escuela pierda pluralidad”.
Hay que añadir que los centros concertados reciben de la administración una parte de los gastos generales del centro, sin llegar a completarlos, así como el salario del personal docente mediante el sistema de pago delegado (si bien tanto la ratio profesor/alumno como el salario del profesorado son inferiores a los de la pública). Por este motivo los centros se ven obligados a solicitar aportaciones voluntarias o a organizar otras actividades que contribuyan a sufragar el total de gastos del colegio, agregan desde la Plataforma Concertados.
“A nosotros también nos gustaría no tener que solicitar ayudas a los padres, pero si el concierto no es total, la viabilidad de un centro educativo no es posible”, concluyen.
En definitiva, la Plataforma Concertados pide que se actualice el módulo de conciertos para que cubra el total de la escolarización, de manera que la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución española y en diversos tratados internacionales sea una realidad.
III Asamblea de Titulares y Directores de ECM: “El derecho de elección de las familias es irrebatible y debemos defenderlo a toda costa”

“Un derecho irrebatible”

Desde las Escuelas Católicas de Madrid (ECM), insisten en la necesidad de apoyar la gestión de este tipo de centros cristianos concertados: “El derecho de elección de las familias es irrebatible y debemos defenderlo a toda costa” afirmaba el pasado 2 de junio David Rasero, su nuevo presidente, en la III Asamblea de Titulares y Directores de ECM.
“No nos son ajenos en absoluto los acontecimientos vividos en territorios como el de la Comunidad Valenciana, con supresiones arbitrarias de conciertos educativos y recorte de recursos para la calidad y, sobre todo, para la atención a la diversidad”, advertía.
Rasero recordaba en ese sentido las palabras del Papa Francisco: “Nuestra escuela debe mantener sus centros desarrollando una misión trascendental, que supone ofrecer a todos la propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona, pero que debe ofrecer también, y con pleno respeto de la libertad de cada uno, la propuesta cristiana”.

“La educación, un derecho de todos”

En relación a todo ello, cabe recordar que a finales del pasado mes de mayo la propia Plataforma Concertados lanzaba el vídeo ‘La educación, un derecho de todos’, con el objetivo de informar a la sociedad y de defender la enseñanza concertada como un modelo educativo eficaz y plural demandado por la sociedad española.


Sus responsables argumentaban que, dado que la escuela católica está siendo cuestionada en estos momentos por las políticas de administraciones autonómicas como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, “es especialmente importante en estos momentos defender una oferta plural de proyectos educativos en igualdad de condiciones”.
“Por ello, Concertados defiende un pacto en defensa de la calidad del sistema y de los derechos educativos de toda la sociedad española”, añadía.
“La escuela concertada es una opción educativa tan válida como la pública o la privada y responde a la diversidad de una sociedad plural. De este modo, los padres pueden elegir la educación con la que más se identifican y la que quieren que reciban sus hijos. Ahogar la enseñanza concertada sería ahogar el estado democrático de derecho. Los ciudadanos no lo podemos consentir”, subrayaba Jose María Alvira.
José María Alvira considera que “ahogar la enseñanza concertada sería ahogar el estado democrático de derecho”
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